RAPPI Y DEMÁS APPS PERJUDICADAS SI SON OBLIGADAS A HACER VINCULACIÓN LABORAL CON SUS REPARTIDORES

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En Colombia los primeros en llegar a ser un unicornio en el mundo de las start ups fue Rappi, una app de domicilios dónde cualquier persona puede ser repartidor, incluso puede hacerlo caminando, tan solo se necesita un Smartphone. Los emprendedores colombianos lograron abrirse campo contra otras apps dedicadas al mismo negocio de conectar repartidores, empresas y clientes de forma efectiva, dónde todos salen ganando.

 

Tras el colapso económico venezolano por culpa del socialismo, muchos de sus habitantes han huido a nuestro país, encontrándose con la dura realidad de nuestro país en materia de empleo y emprendimiento. El mercado colombiano no es capaz de absorber a todos los trabajadores colombianos, por lo que la llegada de nuevas personas del vecino país demandando empleo hace peor la situación, haciendo que mucho de ellos terminen en la mendicidad y disputándose los semáforos de las grandes ciudades, para vender dulces o lavar parabrisas. Para fortuna de muchos de esos hermanos venezolanos han encontrado una forma de ganarse la vida a través de Rappi y demás plataformas digitales dedicadas a el reparto de domicilios.

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Pero las apps de reparto no solo han sido un salvavidas para esos jóvenes venezolanos que han llegado al país sin nada, o para los nacionales que hacen parte de las estadísticas del desempleo nacional, también ha servido para que mujeres también hagan parte de esta profesión, que ha sido ejercida solamente por hombres. Estás apps dan facilidades y mayor seguridad a las mujeres que quieran trabajar haciendo domicilios.

 

Pero ahora el gobierno tras las presiones de muchos ciudadanos esta por perjudicar a las apps como Rappi, y a sus repartidores. Quieren que estas apps vinculen laboralmente a sus repartidores. Al parecer muchos no comprenden como funciona estas apps de domicilios, las cuales se encargan de ser Intermediarias, entre quienes necesitan un domicilio, el repartidor y la empresa. Los únicos empleados de Rappi y demás plataformas, son las personas que trabajan directamente en ella, como lo son los ingenieros que mantienen funcionando 24 horas la app. Ellos sí tienen vinculación directa, por lo que la empresa está obligada a cumplir con todo lo estipulado en la ley. En el caso de los repartidores es diferente, ellos son usuario de una plataforma, que se queda con una comisión por cada domicilio, las personas son libres de usar la app que quiera para prestar sus servicios.

 

 

 

En un juzgado de Bogotá, un domiciliario de la App Mercadoni, logró que se reconociera vinculación laboral entre él y la plataforma, por lo que deberán pagarle cesantías, vacaciones y realizarle cotización de seguridad social en pensiones, junto con los intereses correspondientes.  Si el gobierno adopta la medida de vincular laboralmente a los repartidores con las apps de domicilios, lo que logrará es que se incremente inevitablemente el precio de los domicilios al obligar a pagar por algo que antes no hacía. El otro efecto es limitar la cantidad de repartidores que pueden usar determinada app, ya que la empresa deberá controlar la cantidad de personas vinculadas a su empresa, ya no cualquiera podría ser parte de estas plataformas, las empresas tendrían que dejar solo a los que producen los suficiente en comisiones para compensar el pago de prestaciones, de lo contrario tendrán perdidas. En vez de ayudar a los trabajadores, los van a perjudicar, es lo que pasa cada vez que el Estado mete su mano en la economía, por muy buenas intenciones que tengan, los resultados son perjudiciales. Lo que se necesita es facilidades para trabajar, no palos en la rueda que hagan más difícil el acceso al mercado laboral, sobre todo a alternativas que son los salvavidas de los más necesitados, a los cuales nunca se les tiene en cuenta su opinión para tomar estas decisiones.